La PAUT advierte sobre el aumento del fraccionamiento irregular; ya suman al menos 60 denuncias formales por esta práctica
La comercialización de terrenos ubicados en zonas ejidales incorporadas al crecimiento urbano de municipios como Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Altamira ha incrementado de forma preocupante. A pesar de no contar con permisos para fraccionamiento ni condiciones legales para su escrituración, estos predios siguen siendo ofrecidos, en su mayoría, por líderes de organizaciones o particulares.
Ramiro Lozano González, titular de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), alertó que este fenómeno representa un delito recurrente, conocido como fraccionamiento ilegal, y reveló que ya se han interpuesto al menos 60 denuncias formales ante las autoridades correspondientes.
“El hecho de que una persona tenga dominio pleno sobre un terreno no significa que pueda fraccionarlo; muchos no cuentan con los permisos estatales o municipales necesarios”, explicó.
Además, indicó que se han documentado múltiples casos donde familias fueron víctimas de engaños, comprando terrenos a crédito o de contado sin saber que estos no podían ser escriturados ni contaban con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o drenaje.
Para que un predio sea legalmente fraccionado, el propietario debe presentar ante el municipio un proyecto urbanístico completo, que contemple el uso de suelo aprobado y autorizaciones de dependencias como CFE, Comapa y Protección Civil, entre otras.
“Se requiere un anteproyecto que defina cómo quedaría el fraccionamiento, con el visto bueno de las autoridades correspondientes. Solo así se puede proceder legalmente con la venta”, subrayó Lozano González.
El funcionario también advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes adquieren este tipo de terrenos: no solo quedan imposibilitados para escriturar, sino que tampoco tienen garantizado el acceso a infraestructura básica como calles, alumbrado, áreas verdes o banquetas.
Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar el estatus legal de cualquier propiedad antes de comprarla y a denunciar prácticas irregulares ante la Procuraduría Ambiental y Urbana del Estado.
